El estigma de los jóvenes

José Jesús Guerrero Andrade 

Mientras que en el patio del Colegio de Sinaloa se decía, en la boca de los especialistas, quiénes y cuántos son los adolecentes de Sinaloa y paralelamente se destacaban los avances en la legislación que castiga sus delitos, en otro sitio, al mismo tiempo,  se llegaba a la conclusión de que en Sinaloa hay 30 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, incrustados en el mercado laboral de las actividades delictivas.

En el foro de los adolecentes se precisaron las causas que hacen que los niños se pierdan en el trayecto hacia la madurez, destacando entre ellas la desintegración familiar y la falta de una identidad social que los hace buscar dinero, afectos y lealtades, entre las pandillas y otros grupos afines. También se dijo que entre sonidos y silencios, luces y sombras, la legislación que castiga a los adolecentes es ya una de las más avanzadas de la República. Esto, dicho por los mejores especialistas de Sinaloa, no deja lugar a ninguna duda y debe aceptarse como tal.

Esos sonidos y silencios, esas luces y sombras, son el modo de ser de las Administraciones Públicas corruptas y omisas. Abarcan absolutamente todo el espectro de las responsabilidades gubernamentales y no tiene nada de raro que se castigue más al abigeo que al golpeador de mujeres, a tono con las reminiscencias machistas y campiranas que palpitaron en el corazón de las poblaciones de hace 70 años y que siguen palpitando en los rancheros modernos con gran influencia en los manipulables integrantes de los congresos, prestos a fabricar o sostener las leyes que protejan a los dueños del capital.

Tampoco tiene nada de extraño que en la Secretaría de Educación Pública subsistan estructuras Federales y Estatales solo para facilitar el flujo y la aplicación de los recursos y para evitar roces con las organizaciones sindicales. Un manejo político que termina constantemente en violaciones de la normatividad relativa y que pone las acciones de los funcionarios fuera del campo de la Ley y en la posibilidad de ser acusados de usurpación de funciones. Las omisiones aquí son del tamaño del diapasón de la ausencia y no meros sonidos guturales de referencia; las luces son apenas  chispitas boreales en medio de la noche polar que cubre a las instituciones.   

No se mencionaron, en el Panel sobre La Justicia De Los Adolecentes, cuáles son las causas de la desintegración familiar y quizás intencionadamente se pasó por alto señalar a la falta de fuentes de trabajo, la ausencia de ingresos suficientes para sustentar la vida, los bajos niveles de educación y la existencia de autoridades omisas, entre las causales de la desintegración de las familias y de la falta de alternativa en el uso de las capacidades sociales. 

Tal vez en foros subsecuentes se traten, aunque sea imperfectamente, las cosas que realmente importan, en lugar de querer llegar al virtuosismo en el análisis de lo que no vale la pena. ¿De qué le sirve a una sociedad que se llegue a la excelencia en el castigo de los niños delincuentes cuando no se hace algo por corregir el entorno que los genera? ¿De qué sirve establecer parámetros de edad para encajonar a los adolecentes y separarlos de los adultos, solo para diferenciar la manera de resarcir sus delitos? ¿Por qué pensar y actuar solo en función de los delitos y sus consecuencias, cuando son los niños y los jóvenes el verdadero patrimonio  y soporte de las sociedades y todos los esfuerzos debieran concentrarse, en consecuencia, en enriquecer y desarrollar sus capacidades? 

Tal vez, solo tal vez, lo más importante en el futuro no sea corregir los errores “garrafales” que aún tiene la modernizada Ley de los Adolecentes (como la existencia de una norma que castiga más al niño que al adulto en la comisión de  delitos semejantes) y ni siquiera esforzarse en llegar a los más altos niveles de justicia en la elaboración y la aplicación  de castigos, sin que antes se haga algo por enmendar las desastrosas condiciones en que nacen y crecen esos niños condenados fatalmente a ser los adolecentes criminales del futuro cercano. 

Darle prioridad a las sanciones es, de algún modo, es como si tratáramos de hacernos especialistas en tapar las fugas de agua, en lugar de construir tuberías fuertes y vigorosas a prueba de la corrosión del ambiente y de los embates oscuros de la naturaleza humana.

Con todo, entre las bonachonas disertaciones del Maestro Acedo y la precisión dogmática del Maestro Julio Cesar Guerrero, el análisis jurídico cumplió a satisfacción con las expectativas. Los aspectos sociológicos fueron tratados con impecable sapiencia y elegancia por el Doctor Monjardín y por el Doctor de la Herrán. Faltó en el foro el análisis de los factores económicos que determinan los rezagos sociales fuente de la desintegración de las  familias, así como la responsabilidad del Estado y de los Gobiernos en la creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social sano y vigoroso. Esa es la importantísima parte que se nos quedó a deber en el Panel sobre Justicia para los Adolecentes. Pendientes.                                                                                                

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