Sin lugar a dudas las propuestas de reforma electoral que presenta el Presidente Felipe Calderón son antiguas aspiraciones democráticas. Son parte de un debate que viene de antaño y por lo tanto, en ellos se encuentra algunos de los temas incumplidos que merecen revisados para mejorar el régimen político. Sin embargo, si bien éstos son dignos de encomio igualmente son otros los ausentes para un cambio profundo del sistema político. Más aun, la pregunta que asalta no es si es oportuna su presentación que sin duda siempre lo será, sino si habrá interés en los de discutir y acordar reformas que tendrían diversos costos políticos y revelaría un nuevo escenario para  las elecciones presidenciales de 2012.  

Veamos de cerca las grandes líneas y valorémoslo en un marco de cálculo de costo beneficio. Solo antes habría que decir que las iniciativas de reforma electoral siempre serán un insumo para la discusión del reparto del poder y en esa lógica, los temas que pueden ser significativos en clave democrática siempre sujeta a los intereses en juego.  

A efecto de este análisis hemos organizado en cuatro bloques los temas que ahí se encuentran: aquellos directamente relacionados al esqueleto constitucional electoral, los que son parte sustantiva en un sistema democrático y competitivo, el nuevas atribuciones al sistema presidencia y una reflexión sobre el posible juego de posiciones que empezó desde la presentación de la propia iniciativa presidencial. 

Esqueleto constitucional 

La teoría politológica y jurídica enseña que en materia electoral siempre habrá que distinguir entre lo principal y lo secundario. Es decir, entre aquellos temas que están referidos al umbral electoral, la magnitud de los distritos electorales y la fórmula electoral con su conversión de votos en escaños.  

Los tres elementos están contemplados en la iniciativa de reforma cuando se propone elevar del 2 al 4% de los votos, modificar el tamaño los distritos electorales cuanto reduce su número de 300 a 240 y, finalmente, la fórmula de conversión de votos en escaños que si bien mantiene el sistema mixto de representación reduce el número de diputados y senadores.  

Estos tres elementos a los que habría que añadir la conservación de la clausula de gobernabilidad constituiría el eje del funcionamiento del régimen político.  

Una primera lectura de los posibles efectos que podría tener esta modificación la han expresado algunos analistas que sostienen que sería un golpe a la partidocracia. Discrepo de esta opinión ya que el primer efecto sería precisamente fortalecer a la partidocracia solo que en lugar de muchos sería a favor de pocos. Me explico: actualmente tenemos siete partidos registrados donde varios de ellos a duras penas alcanzan algo más del 2% de los votos (Convergencia, Partido del Trabajo, Nueva Alianza), y ninguno de ellos en el 2009 rebasó el 4%, luego entonces de las siete formaciones quedarían sólo cuatro con posibilidades de alcanzar representación en las cámaras legislativas.  Y como podemos derivar, la disyuntiva que  parece quedar a estos partidos es disolverse para agregarse a las existentes o formar coaligadamente nuevas organizaciones. Es evidente que de aprobarse en estos términos la reforma afectaría especialmente a los partidos que forman el Frente Amplio Progresista (FAP) y pondría en serios aprietos al partido de la Maestra Gordillo, cosa que más de algún priista celebraría. 

Sistema democrático y competitivo 

La reelección, la segunda vuelta y las candidaturas independientes, son principios muy usuales en los sistemas democráticos con partidos altamente competitivos.  

La reelección es una condición para la profesionalización de la clase política cuanto que permite que un político que ha hecho bien el trabajo los ciudadanos se lo reconozcan con un nuevo mandato. En México como es del dominio público está impedido constitucionalmente para todos los cargos de elección popular y la iniciativa presidencial contempla que en lo sucesivo pudiera existir en el nivel de los ayuntamientos y delegaciones políticas, como en los congresos locales y federales.  

En tanto, la segunda vuelta, es un mecanismo efectivo para formar gobierno y garantizar la gobernabilidad, en el caso de elecciones donde ningún partido o coalición alcanza mayoría absoluta.  

El pasado fin de semana, por ejemplo, se escenificó las elecciones presidenciales chilenas y como ninguno de los cuatro candidatos obtuvo la mayoría absoluta los dos partidos o coaliciones más votados irán a la segunda vuelta y para ello necesitan ganarse el apoyo de los electores que no votaron por estas candidaturas.  

Eso evitaría además lo ocurrido en México en 2006, cuando ninguno de los candidatos presidenciales logró la mayoría absoluta, y en un escenario de alta competitividad entre Calderón Hinojosa  y López Obrador, como también de múltiples irregularidades provocaron la mayor crisis política que hayamos vivido en nuestra historia reciente.  

Finalmente, las candidaturas independientes son una exigencia en un sistema partidocrático como el nuestro, y parte del litigio jurisdiccional de los últimos años, pues de aprobarse cualquier ciudadano podría ser candidato a un cargo de elección popular sin pasar necesariamente por un partido político. Sería en otras palabras el fin del monopolio de la representación que hasta ahora hemos tenido en México y ha provocado partidos muy poderosos. 

Sin embargo, pese a las virtudes de estas reformas es evidente que necesitan una base institucional para que resulten efectivas, ¿a quién le sirve un alcalde o un legislador que tiene atrás un sistema clientelar generador de votos pero que no está obligado a rendir cuentas? o ¿qué tan eficaz podrá ser una segunda vuelta cuando no existen diagnósticos y políticas públicas que distingan a los partidos y coaliciones? Y ¿de qué sirve una candidatura independiente si compite en condiciones desigualdad con los candidatos de  partidos ricos?  

En definitiva, puede ser simple morralla si no exista una norma que permita avanzar en el gobierno de leyes, la rendición de cuentas y la transparencia.  

Sistema presidencial 

Uno de los axiomas más socorridos en la ciencia política mexicana es que el sistema presidencial es insuficiente para atender los problemas políticos de hoy incluso como lo dice Diego Valadés en uno de sus últimos trabajos no le sirve ni a sí mismo en situaciones excepcionales, como vendría ser la desaparición física del titular del Ejecutivo.  

El poder que ha alcanzado el Poder legislativo y los gobernadores, ha sido de tal envergadura que ha disminuido en mucho las otrora competencias metaconstitucionales detentadas por el presidente imperial (Enrique Krauze).  

Luego entonces lo que se hubiera pensado que sería una propuesta de modernización de esta figura constitucional, como viene siendo evolucionar hacia un sistema parlamentario o semiparlamentario, y sucede en los países europeos, la propuesta busca reforzar el presidencialismo debilitando al poder legislativo.  

Es el sentido que se le da a las propuestas de “iniciativa preferente” para aprobar cada año dos leyes antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y ampliar las competencias en materia de observaciones a leyes aprobadas por el congresos y sobre todo al Presupuesto de Egresos de la Federación, que es una prerrogativa de la Cámara de Diputados. 

Contrapunto 

Esta iniciativa de ley ha recibido para empezar el desdén del PRI, que no la ve como una prioridad sino como un acto de poder, luego entonces si esta es la postura del principal aliado del presidente y el único partido que puede generar con el PAN la mayoría calificada, que se necesita para aprobar esta batería de reformas, es previsible que al menos la negociación será difícil aunque viendo la letra de las reformas es evidente que benefician a un partido en ascenso como él PRI.  Si no veamos los posibles efectos que tiene, por ejemplo, el reforzamiento de un presidencialismo disminuido. Acotado. O bien la elevación del umbral electoral que afectaría al PANAL pero también a los partidos de la izquierda, a los que les costaría más caro la representación política y eso significa que mediante mecanismos artificiales haya una mayor sobrerrepresentación de los partidos grandes con el subsecuentemente efecto negativo sobre los partidos pequeños.  

Unas coordenadas de este tipo evidentemente no tendría igualmente el apoyo de los partidos pequeños que, además, de que no generan la mayoría calificada no tienen ni el ánimo, ni el peso legislativo para aprobarla.   

En suma, la iniciativa si bien recoge varias, que no todas, las aspiraciones políticas de la ciudadanía es evidente que salvo que haya acuerdos en marcha con un PRI que tomaría sólo lo que le sirva para su ascenso, saldrá adelante y en febrero las reformas se eleven a rango constitucional.  

Si no será una nueva derrota de un Presidente que ha profundizado los problemas económicos y de seguridad pública de la nación.